Perú: ¿Del fujimorazo al vizcarrazo?
En Perú ya se ha hecho costumbre que los presidentes terminen entre rejas o huyendo.
Por eso es que las confrontaciones políticas giran en torno al control
del Poder Judicial. Quien maneje a los jueces puede, a la larga, quitar y
poner presidentes, ministros, parlamentarios y demás funcionarios.
El actual conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
del país suramericano es, en realidad, por el tercer poder del clásico
triángulo, el Judicial. En Perú se ha instaurado de un modo extremo la
judicialización de la política y bajo esas reglas es que se juega el
capítulo que actualmente está en desarrollo.
¿Democracia ejemplar o corruptocracia?
Es difícil despojar a Perú de su marca
como el país con más presidentes sometidos a procesos judiciales durante
sus mandatos o al término de estos.
Es una historia salpicada siempre por la
corrupción que en la actualidad deriva en la referida situación de
conflicto entre poderes en la que tienen los roles protagónicos el
sobrevenido presidente Martín Vizcarra y la clase política representada en el Parlamento.
El asunto de fondo es la corrupción
generalizada del sistema político. Como es obvio que todos los asuntos
políticos terminan dirimiéndose en tribunales, la lucha entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo es por el control del Poder Judicial.
Los amantes del modelo democrático de Montesquieu dirán que se trata de
una prueba del buen funcionamiento del juego de pesos y contrapesos,
pero visto en la perspectiva histórica de estas tres décadas, se trata
más bien de mafias y contramafias. Lo que para algunos es una democracia
ejemplar, para otros es una corruptocracia.
Lo que está en disputa
La crisis de gobernabilidad en curso no fue un acontecimiento súbito. El gobierno y el Congreso venían enfrentados desde tiempos del depuesto y enjuiciado Pedro Pablo Kuczynski
en torno a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El sector político que logre colocar sus fichas en esa instancia
judicial tiene garantía de decisiones favorables para los suyos y
condenatorias para los adversarios.
El enfrentamiento se mantenía latente
hasta que el mes pasado, los partidos mayoritarios del Parlamento
decidieron avanzar en la selección. Era una cuestión de autopreservación
porque varios de los parlamentarios están personalmente metidos hasta
lo profundo en delitos contra el patrimonio público, especialmente en
las intrincadas tramas de la firma brasileña Odebrecht y de otras que vienen por ese mismo lado de la vecindad (coletazos de Lava Jato).
Estos congresistas, una vez que queden desprovistos de la inmunidad
parlamentaria, pueden ser juzgados como ciudadanos comunes y
probablemente vayan a dar a la cárcel también. El período termina en
2021, pero con la disolución se precipitarían los lapsos.
El presidente les exigió paralizar el
proceso, alegando que no se había cumplido el requisito de convocar a un
concurso público. El Congreso no cedió y Vizcarra apeló a lo que
algunos juristas han llamado “un resquicio constitucional”.
En respuesta, el Congreso resolvió destituirlo, generando un cuadro semejante al que se ha querido construir artificialmente en Venezuela desde enero pasado. Solo que en Perú es real.
Colección de joyas
A cualquiera que analice la lista de los
gobiernos peruanos de los últimos 34 años, le surgirá la duda de si se
trata de un país con un Poder Judicial muy estricto, que siempre castiga
a los mandatarios ladrones o si lo que se observa son peleas mafiosas
en los más altos niveles del Estado en los que todos los grupos utilizan
los tribunales como armas fundamentales en la lucha política.
La lista de los más recientes jefes del Estado habla por sí sola, pues abarca a todos los que han sido presidentes desde 1985, con la sola excepción del interino y difunto Valentín Paniagua, quien gobernó por ocho meses después de la caída de Fujimori:
• Alan García, uno de
los emblemas de la corrupción presidencial latinoamericana, gobernó dos
veces (1985-1990 y 2006-2011). Terminó suicidándose para no ir a la
cárcel por presuntos delitos vinculados a Odebrecht.
• Alberto Fujimori, en
su momento ícono del antipolítico que logra llegar al poder, gobernó por
diez años (1990-2000). Está condenado a 25 años de prisión por delitos
de lesa humanidad y casos de corrupción. Había sido indultado por Pedro
Pablo Kuzcynski, pero volvió a la cárcel porque el beneficio fue
anulado.
• Alejandro Toledo,
quien surgió como paradigma del neoliberalismo con rostro indígena, fue
presidente entre 2001 y 2006, se encuentra prófugo de la justicia
peruana tras ser imputado por delitos de corrupción también relacionados
con Odebrecht, por un monto de 20 millones de dólares. Se encuentra
refugiado en Estados Unidos.
• Ollanta Humala, ganó
las elecciones en 2011, presentándose como supuesta alternativa a los
gobiernos fondomonetaristas de Toledo y García, presuntamente alineado
con los movimientos progresistas de Venezuela, Brasil, Ecuador,
Argentina y Uruguay, pero rápidamente se deslindó de ellos y asumió la
misma línea de sus antecesores. Según los expedientes que se le abrieron
(a él y a su esposa, Nadine), incurrió en manejo ilícito de fondos
públicos con la omnipresente firma Odebrecht.
• Pedro Pablo Kuczynski,
un reconocido neoliberal que había sido ministro de Toledo, llegó al
palacio presidencial en 2016 y cuando apenas promediaba su mandato fue
obligado a renunciar por un nuevo escándalo asociado a la compañía
brasileña. Al abandonar el poder, lo dejó en manos del vicepresidente,
Martín Vizcarra, quien ahora está en el ojo del huracán.
¿Del fujimorazo al vizcarrazo?
La acción de Vizcarra de decretar la
disolución del Congreso y convocar a elecciones parlamentarias fue
calificada por parte de la oposición peruana como un autogolpe de Estado de las mismas características que tuvo el llamado fujimorazo,
ejecutado por Fujimori en 1992. Los mismos fujimoristas (que en este
caso están entre los perjudicados con la medida) estuvieron de acuerdo
en que son dos episodios comparables y criticaron a quienes aquella vez
lo consideraron como un golpe de Estado y esta vez se han pronunciado a
favor.
Juristas consultados por la prensa
peruana aseguran que no se trata de la misma situación, pues Fujimori
simplemente pasó por sobre la Constitución vigente entonces, que databa
de 1979, mientras el proceder de Vizcarra tiene sustento en la Carta
Magna actual, elaborada -según los criterios fujimoristas- en 1993. De
acuerdo al teólogo, antropólogo y abogado Itzamná Ollantay, esa
Constitución ha sido la normativa que ha guiado a Perú durante estos 27
años por la senda del más absoluto control del neoliberalismo.
“Casi tres décadas después, la ‘peruanidad’, nuevamente eufórica aplaude y se contenta con otro circo político de mal gusto: el vizcarrazo,
pero sin cuestionar al sistema neoliberal, mucho menos atreverse a
plantear colectivamente una propuesta posneoliberal, y post Estado
criollo corrupto y fracasado”, expresó Ollantay en su blog Susurros del
silencio, reproducido en la página web de Telesur.
Analistas políticos afirman que Fujimori
hizo aquella jugada asentado en el enorme respaldo popular que tenía
entonces y aprovechando el estructural descrédito de la clase política
que hacía vida en el estamento legislativo. Vizcarra está muy lejos de
tener el apoyo que ostentaba Fujimori, pues ni siquiera es un presidente
electo como tal por el voto popular, pero al parecer sigue contando,
como argumento político, con el poco prestigio del Congreso. Según
encuestas, a mediados de año, el rechazo del pueblo al Parlamento
alcanzaba 75%.
Afectada la estrategia antivenezolana
La situación planteada en Perú tiene una
evidente repercusión internacional, que ya se había notado con la caída
en desgracia de Kuczynski, pero que ahora adquiere mayor relieve: afecta la estrategia imperial contra Venezuela, pues –al menos nominalmente- Perú es la sede del llamado Grupo de Lima.
No luce bien, por decir lo menos, que el país cuya capital da el
nombre a este mecanismo diplomático esté envuelto en tales vaporones. Lo
ideal es que fuese intachable en materia de estabilidad política para
que proyectara la necesaria autoridad en este campo.
Y existe un agravante. No se trata de
una crisis política cualquiera, sino de una confrontación entre poderes
públicos, es decir, algo parecido a lo que ha venido ocurriendo en
Venezuela desde 2016, cuando entró en funciones una Asamblea Nacional
dominada mayoritariamente por la oposición que, de manera inmediata
declaró que su propósito central sería desalojar del poder al presidente
Nicolás Maduro.
Si se comparan las razones que tuvo Vizcarra para disolver el
Parlamento con las que pudo haber esgrimido el presidente venezolano
para tomar una medida similar contra la AN (declarada en desacato por el
Tribunal Supremo de Justicia), sin duda las de Maduro tendrían mayor
peso.
Pero el poder hegemónico (político,
diplomático y mediático) ha hecho malabares para presentar lo que está
ocurriendo en Perú como una expresión de buen funcionamiento
democrático, mientras en el caso venezolano se le ha pintado como una
desviación dictatorial, a pesar de que no hubo nunca una disolución del
poder Legislativo.
La venefobia no bastó
Para ponerle sordina al gravísimo
conflicto interno peruano, los medios del capitalismo global venían
desplegando grandes esfuerzos. Del mismo modo que lo hace en Colombia,
Ecuador, Brasil y Argentina, el principal recurso de la maquinaria
mediática para desviar la atención ha sido Venezuela.
En el caso específico de Perú, en las últimas semanas, esa maquinaria había tenido mucho material disponible, dados los brotes de xenofobia contra los venezolanos
que han emigrado a la nación inca, una oleada que –en buena medida- ha
sido atizada por los mismos órganos informativos, muy signados por el
sensacionalismo.
Es obvio que la distracción no funciona
cuando la crisis da un giro tan explosivo. Pero también queda claro que
los daños causados a tantas personas inocentes y al espíritu de
solidaridad y convivencia latinoamericana serán difíciles de revertir.
Por Clodovaldo Hernández/ Supuesto Negado
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