COLUSION DESLEAL AGRAVADA Y CORONAVIRUS EN PERU.
La corrupción en Perú se da
de distintas formas, pero la más recurrente es la que ocurre en las Contrataciones del Estado. Para Martínez
(2015), la corrupción en el Perú tiene un sello indeleble, habita en las
contrataciones públicas. Según él, es en las adquisiciones del estado, donde se
encuentra el foco más grande de los actos arbitrarios que 21 infraccionan las
leyes y normas, para como un tobogán deslizarse hacia la corruptela en diversas
modalidades e instancias. (pp. 383 y ss.).
Durante la Pandemia de
Coronavirus, hemos observado distintas formas de corrupción. La que más ha
llamado la atención, es la que ocurre en la Policía Nacional, donde generales,
hacen contratos con estudiantes
universitarios, para que ellos les surtan a sus instituciones, mascarillas,
alcohol, guantes, entre otras cosas, servicios de fumigación de locales de
comisarias.
Aquí parece que , nuestros
generales PNP, no se han dado cuenta de que, importa mucho, que se contrate con
empresas idóneas y con experiencia en el trabajo que se les encarga y que por
lo menos, el rubro de su RUC , indique que fueron creadas, para prestar el
servicio que se solicita.
Resulta una gran sorpresa,
que los ganadores de la buena pro, para abastecer o prestar los servicios
solicitados, por la Policía Nacional, eran empresas que según su rubro, se habían
creado para actividades totalmente distintas.
Eso es lo que llamo la atención
de los periodistas.
Y eso es lo que puso en
entre dicho, los servicios contratados y mirando, quienes eran los
propietarios, se pudo observar, que se trataban de estudiantes universitarios,
favorecidos a dedo, para de esa manera poder robar.
Al parecer, nuestros
generales, querían a como dé lugar conseguir dinero, una retribución económica rápida
y segura, así que eligen contratar, con una amiga o amigo, allegado suyo. De
poca experiencia comercial, para poder exigir la mejor parte para ellos.
Esto luego ha sido
auscultado por la Contraloría General de La República y de allí por el
Ministerio Publico, que se han visto obligados a iniciar las investigaciones, que
terminaron haciéndose públicas en todos los Canales de Televisión, cayendo el
Ministro del Interior, por algo tan obvio, como es : “corrupción en adquisiciones,
compras sobrevaloradas, de manera bastante descarada”.
Nuestros generales PNP, al
parecer, no tenían abogados idóneos a su lado, porque, un Asesor Legal, de la
propia institución, ya debería haber hace rato, advertido a nuestros generales,
del riesgo que corrían, al hacer estas adquisiciones de esa manera.
Según el programa
'Panorama', una de las empresas investigadas es Uniform Sniper firmó un
contrato con la PNP por S/198 mil 240 por la adquisición de mascarillas
descartables N95. El local de la empresa funciona para la venta de uniformes de
la Policía en la avenida Francisco Pizarro 503, en el Rímac.
Este contrato fue firmado
por coronel PNP Nolberto Miranda con la joven universitaria Malena Stefanny del
Rocío Bazán Solier. La fiscalía investiga un posible contubernio entre el
propio Miranda, el comandante PNP Jerry Alvarado y el técnico Hugo Cieza Naval
por haber permitido el ingreso de estos productos al almacén de la PNP.
Del mismo modo, se
investigará los presuntos nexos entre Bazán Solier y Nataly Perea Mendoza, a
quien se vincula con el general PNP José Lavalle. En total se investigan siete
procesos de compra durante el estado de emergencia.
El contrato de mayor valor
fue el de Michael Alexis Lanao Salvatierra, quien vendió mascarillas a la
Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por S/500 mil. Sin embargo, su
empresa registra como principal rubro la construcción de edificios.
“No es una mascarilla
estéril, no se ha vendido mascarilla estéril. Hemos vendido mascarillas N95 de
tres capas”, dijo al señalar que tiene 18 años en el mercado y que también
vende equipo EPP a empresas estatales.
La Dirincri también firmó un
contrato, el 28 de marzo, con la universitaria Valeria Abigael Carbajal Montiel
(22) para la fumigación y desratización de edificios de la PNP en Jesús María,
Ventanilla y los Pantanos de Villa.
Lo llamativo del asunto es
que ella no recordaba los datos exactos ni los servicios brindados. Tampoco si
se le pagó los S/17 mil 515. Hace un mes publicó en Facebook que estaba
iniciando sus prácticas preprofesionales.
Para la fiscalía se trataría
de un servicio simulado y que los generales, comandantes y coroneles que
avalaron la contratación deberán responder por qué se seleccionó a una joven
que no tenía autorización del Ministerio de Salud (Minsa) para
realizar procesos de desinfección.
El Ministerio Público
investiga los vínculos entre Valeria Carbajal y la exsuboficial PNP Jacqueline
Carbajal, a quien vinculan con el comandante PNP Jerry Alvarado, jefe de
Logística y Abastecimiento de la Dirincri.
También está la empresa
Finance Group G&P S.A., que obtuvo dos contratos por la adquisición de
mamelucos por S/150 mil 850 y guantes descartables por S/97 mil 315. Ambos
tuvieron distintas reglas que terminaron favoreciendo al postor.
Finalmente tenemos a Five
Networks Solutions SAC., que firmó un contrato por S/416 mil 618 por la venta
de gel antibacterial, jabón líquido, jabón con espuma, lejía, papel
interfoliado y papel toalla. Esta empresa también ha vendido estos productos a
regiones policiales en el interior del país a precios sobrevalorados.
Tras difundirse la denuncia,
el Ministerio del Interior (Mininter) abrió proceso administrativo
disciplinario y separó del cargo a todos los altos mandos de la Policía
Nacional (PNP) involucrados en presuntas compras sobrevaloradas, en el marco
del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Lo que prueba muy bien, que
estas compras arriba descritas, fueron hechas ex profeso, para sacar provecho económico,
perjudicando al Estado, es la sobrevaloración que a continuación describimos y
que es bastante descarada, por decir lo menos.
Según 'Panorama', el 24 de
marzo se firmó un contrato entre la PNP y la empresa Five Networks Solutions
SAC. por la compra de cuatro productos por S/369 mil, que incluían 10 mil
jabones de glicerina por S/150 mil. Cada jabón costó S/15, cuando en los
mercados cuesta S/6.50.
Del mismo modo, el contrato
incluía 1500 lejías a S/14 cada litro, pese a que este producto se vende en los
mercados de Junín entre S/3 y S/3.50. Si la compra es al por mayor, puede
costar hasta S/.2.50.
Del mismo modo, lejía
industrial también fue vendida a la PNP a S/18 el galón, cuando en los mercados
se vende en S/10. También el rollo personal doble hoja de papel higiénico se
vendió en S/27.61 el paquete, cuando normalmente cuesta S/18.50.
El 26 de marzo la Sexta
Macrorregión Policial y la empresa JP Inversiones Generales firmaron otro
contrato. Se vendieron 8790 unidades de jabón de tocador y 2578 planchas de
papel higiénico S/116 mil 798.
Lo llamativo del caso es que
cada unidad de jabón costó S/.519 y cada plancha de papel higiénico a S/27.61
(en los mercados de Junín se venden 24 rollos a 20 soles). También se vendieron
mascarillas reutilizables por S/279 mil.
Al respecto, el fiscal
anticorrupción Omar Tello refirió que se investigan compras por más de S/1
millón 700 mil, pues se ha detectado una sobrevaloración en la compra de gel,
mascarillas y otros productos más de bioseguridad destinados a la PNP.
En total se investigan las
compras realizadas por seis regiones policiales.
Los presuntos delitos de colusión agravada y peculado
doloso agravado en perjuicio del Estado, es lo que se ve, en estos casos.
DELITO
DE COLUSION
En otros casos de
funcionarios públicos involucrados en estos delitos, podemos ver que actos
fueron valorados, para las acusaciones penales, por este delito que a continuación
describimos.
1. Elementos básicos de la colusión
·
Sujeto activo: el
sujeto activo del delito será el funcionario público con capacidad de incidir
en el proceso de contratación, no es necesario que tenga facultades para
suscribir el contrato o pertenezca al comité de selección.
·
Concertación: la
concertación es el acuerdo ilícito entre el funcionario público y el particular
interesado. Este acuerdo se lleva a cabo de forma dolosa y posee un carácter
ilícito y está dirigido a defraudar al Estado.
·
Contexto de contratación estatal: la contratación pública se realiza en el marco de
cualquier tipo de operación, contrato administrativo o civil que tenga
naturaleza económica con participación estatal. No es necesario que esté regido
por la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Responsabilidad penal del
particular interesado
El
particular que se colude con el funcionario público sí responde penalmente por
este delito. El comportamiento del particular contribuye a la vulneración del
bien jurídico protegido de la colusión “asignación eficiente de los recursos
públicos en operaciones contractuales del Estado”, por lo que podría responder
a título de cómplice.
3. Modalidades del delito en la
legislación penal
Existen
dos modalidades delictivas de colusión reguladas en el Art. 384 del código
Penal:
·
Colusión simple: exige que el comportamiento delictivo sea idóneo para perjudicar
patrimonialmente al Estado. Se analiza el propósito de causar un perjuicio real
o potencial al erario público. La sanción penal oscila entre 3 a 6 años de
prisión.
·
Colusión agravada: se produce cuando hay una defraudación patrimonial al Estado. Esta
afectación no se reduce al desembolso de dinero o pérdida de bienes del Estado,
sino el no ingreso de patrimonio proyectado, el otorgamiento ilícito de una
buena pro o la firma indebida del contrato. La sanción penal oscila entre 6 a
15 años.
4. Prueba de la colusión
En la
mayoría de casos, es difícil encontrar una prueba directa de la concertación
ilícita, por lo que la imputación se construye a partir de una pluralidad de
indicios que cuando son concomitantes, interrelacionados y probados puedan
acreditar el delito. Un ejemplo de estos indicios, según la Sala Penal de
Apelaciones –Exp. N° 185-2011, del 11 de abril del 2013- son los precios
sobrevaluados o subvaluados, la admisión de calidades y cantidades de bienes,
obras o servicios inferiores o superiores respectivamente a los requeridos, la
inexperiencia comercial de los postores, la falta de documentación del postor o
si la misma es fraudulenta, entre otros. Cabe resaltar que estas no son
taxativas, ya que pueden presentarse más situaciones que permitan configurar el
delito de colusión. En el caso de Alex Kouri (Ex Alcalde de Callao) se valoraron informes de la Contraloría
General de la República, documentos que daban cuenta de irregularidades en el
otorgamiento de la buena pro a favor de Convial Callao S.A., la falta de
documentación requerida, las declaraciones testimoniales de funcionarios
públicos de la municipalidad, de representantes de la empresa, entre otros. La
valoración conjunta de estos sirvió para determinar la culpabilidad de Alex
Kouri.
En el Perú,
el Coronavirus ha sido una oportunidad para robar, sobre valorar adquisiciones,
pero los que han incurrido en esto, no son cualquier persona, son nada más y
nada menos de altos mandos policiales.
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